Vox recurre al Tribunal Constitucional los PGE, la reforma laboral y la suspensión de los desahucios

Según denuncia su portavoz, Macarena Olona, el Ejecutivo ha abusado de la figura de los real-Decreto Ley

Vox ha presentado un nuevo recurso al Tribunal Constitucional, esta vez contra tres de las medidas estrella de la legislatura. En concreto, contra la reforma laboral, las medidas sociales contra los desahucios y los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Con estas, ya son 36 los recursos presentados por la formación de Santiago Abascal ante el alto tribunal

En el recurso a la reforma laboral, Vox recuerda la «enorme polémica» que suscitó su aprobación gracias al «supuesto error» del diputado del Partido Popular Alberto Casero. Denuncian que «se impidió» ejercer su derecho al voto. «La reforma laboral de la ministra comunista salió adelante por un supuesto error de un diputado que sólo beneficia a las clases sindicales y que abandona a los trabajadores», denuncia la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

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Abuso de los Decreto Ley

El partido liderado por Santiago Abascal recurre además que la reforma se aprobara mediante la figura del Real Decreto Ley. Recuerda que el propio Real Decreto expresa en su preámbulo querer corregir «importantes desequilibrios que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas». A su juicio, se trata de un «abuso» que el Gobierno ha convertido «en una herramienta para imponer su voluntad».

En cuanto a los Presupuestos, Vox los lleva ante el Tribunal Constitucional por una disposición final primera introducida «de forma sorpresiva». Efectivamente, tras un pacto con el PNV para que las instituciones vascas tengan la capacidad de crear su propio cuerpo de secretarios e interventores municipales.

Este «peaje al nacionalismo«, según denuncia Vox, vulnera la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado y solo fue aceptado ante «la necesidad del Gobierno de sacar adelante sus Presupuestos Generales».

«Otra indigna cesión indigna cesión al PNV al entregar a nuestros funcionarios de la Administración local al País Vasco con una transferencia de la competencia íntegra», avisa Olona.

Legalización de la ocupación

El tercero de los recursos afecta al artículo segundo del Real Decreto-ley 21/2021. En él se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En concreto, el recurso se interpone contra la suspensión de los desahucios para personas vulnerables en determinados supuestos. lo que para Vox supone de facto «la legalización de la ocupación delictiva».

«Vox da un paso al frente y lleva al TC esta situación de absoluto desamparo para los propietarios« asegura Macarena Olona. Recuerda que ya recurrió los anteriores decretos que este decreto ley prorrogó. Sin embargo, en esta ocasión subraya que el Gobierno se basa en el estado de alarma decretado por el Covid-19 que, según recuerda, ya fue declarado inconstitucional.

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