Tensión dentro del Gobierno por la polémica «baja por la regla»

Tanto Calviño como Escrivá son reticentes a la medida, que está en los borradores de la futura norma

Ya sabemos que cuando el Gobierno se halla en problemas hay que soltar rápidas cortinas de humo que hagan distraer el foco de atención mediático. Así, el Ministerio de Igualdad llevará el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto. Pero todo le sale al revés a Sánchez y varios de los ministerios implicados en la reforma se han visto sorprendidos por el anuncio y se negocian todavía aspectos claves de la nueva norma.

El anteproyecto consensuado entre Igualdad y Sanidad establece, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por una menstruación dolorosa,. Rápidamente, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que es una medida «en discusión» dentro del Gobierno de coalición. Nuevamente socialistas y morados vuelven a mostrar sus discrepancias públicamente.

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Para Escrivá: «Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo», ha señalado a los periodistas. La propia Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, al ser cuestionada por la propuesta, ha asegurado que el Ejecutivo no va a aprobar «ninguna medida que estigmatice a las mujeres».

Contraofensiva morada

Desde el sector de Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con la medida. Según ella, hay que hacer «política laboral de género». Además, ha incidido en que lo que «estigmatiza» a la mujer no son este tipo de decisiones, sino el hecho de «no tener la sensibilidad suficiente» para comprender que mujeres y hombres son «diferentes».

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha negado que estas bajas supongan una discriminación si las asume la Seguridad Social. «Lo esencial es que cuando la administración pública asume esta prestación, los empresarios no pueden alegar que resultaría discriminatorio».

También se han pronunciado los «monaguillos comegambas» de Yolanda Díaz (según Carlos Herrera), o sea, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Consideran la medida positiva, aunque han reclamado que este asunto se aborde en la mesa de diálogo social.

Opiniones contrarias 

El ministro Escrivá ha dejado entrever que el debate no está cerrado. El ministro de Seguridad Social ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando «internamente» en dicha ley, que aún se encuentra «en discusión dentro del Gobierno». Dicho esto, afirmó que de lo que trata esta norma es de «armonizar» dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres, por un lado, mejorar su protección y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en «mejores condiciones». «En eso estamos, pero todavía está en proceso interno de discusión en el Gobierno», indicó.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha querido dejar claro este jueves, en relación a la posibilidad de aprobar una baja laboral de tres días por menstruaciones dolorosas, que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres». «Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», ha reiterado Calviño, que ha eludido afirmar expresamente si la medida anunciada ayer por la ministra de Igualdad, Irene Montero, supone una estigmatización.

Los agentes sociales tampoco se ponen de acuerdo con esta medida. La vicesecretaria general del sindicato UGT, Cristina Antoñanzas, se ha mostrado crítica con la baja por menstruación.»No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres», ha indicado la número 2 del sindicato UGT en una entrevista. «Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras» apostilló. Una discusión que tiene que resolverse antes del proximo martes, fecha en la que Montero espera llevar la nueva ley del aborto al Consejo de Ministros.

Justicia examina la propuesta

Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando otras propuestas, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal. Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias.

Fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop han indicado que están estudiando el texto y haciendo comentarios, pero han evitado entrar en el fondo del asunto. Fuentes de Igualdad destacan que la norma se ha trabajado con Sanidad, el ministerio «coproponente», y siguen optimistas en esta última fase de la negociación con los otros departamentos implicados para que el anteproyecto llegue el martes cl Consejo de Ministros.

A su juicio, es normal que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se muestre reticente ante algunas de las medidas planteadas, como las bajas para reglas dolorosas, porque «los avances en materia de igualdad cuestan». Según sus cálculos, la propuesta del IVA cero tendrían un coste asumible para el Estado de 30 millones de euros al año.

Todas estas iniciativas se han ido añadiendo a lo que era el objetivo primero de la reforma de la ley del aborto: acabar con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, un requisito que incluyó el PP en 2015 en la ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto recoge también medidas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, para lo que se crearán registros de médicos objetores de conciencia que permitirán organizar los servicios.

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