Esta ley le permitirá expropiar bienes, movilizar a los españoles o imponer su censura a las noticias que él considere «fake» sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni al Congreso de los Diputados.
La ley que otorgará a Pedro Sánchez poderes absolutos para confiscar bienes y movilizar a los españoles en una situación de «interés para la Seguridad Nacional» está en marcha. Tanto en la reunión de este miércoles en la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional , como en el Consejo de Ministros celebrado este martes se trató el asunto.
El artículo más polémico es el 28, que concreta la «participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional».
En el anteproyecto se recoge que «los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la situación de interés para la Seguridad Nacional, en caso de requerimiento de la autoridad competente (…) sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».
Además, se remarca que «cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».
La mayor polémica de la reforma está en que Sánchez se otorga la potestad única de decretar una situación de “interés” para la Seguridad Nacional mediante Real Decreto, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni tampoco al Congreso de los Diputados.
El texto vigente hoy en día, establece, por contra, que «la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».
Según el PP el poder absoluto que tendría Sánchez sería muy similar a un estado de excepción encubierto, que no está en ningún modo recogido en la Constitución.
Resulta llamativo el paralelismo con la Ley de Seguridad de la Nación de Venezuela: la movilización y las “requisiciones” por el interés nacional, donde, una vez decretado el “estado de excepción”, el presidente venezolano “podrá ordenar la movilización total o parcial en cualquiera de los ámbitos que establece la Constitución y las leyes, en todo o parte del territorio”. El presidente “es la máxima autoridad que dirige la movilización”.