Sánchez permite que el castellano deje de ser lengua vehicular en Cataluña

El PSOE vota con los separatistas la ley de la Generalitat que burla la sentencia sobre el castellano

Sigue el desprecio de los independentistas por el Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a impartir al menos un 25% de las horas lectivas en enseñanza no universitaria en castellano. Pero esta vez lo grave es que lo hace con ayuda de los socialistas. Hoy, con los votos del PSC, el Parlament ha aprobado la ley exprés que el Gobierno de Pere Aragonés inventó para no cumplir el fallo del Alto Tribunal.

El pleno del Parlament ha aprobado con una amplia mayoría -102 de 135 diputados y una abstención-la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales. Y lo ha hecho con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP -que están dispuestos a librar la batalla judicial en el Constitucional – y CUP.

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Ataque al castellano

El acuerdo forjado a cuatro bandas establece el catalán como lengua vehicular y deja al castellano como lengua curricular y educativa, sin porcentajes y permitiendo a cada centro que decida sus proyectos lingüísticos, aunque eso dí, validados por el Departament d’Educació.

Los reproches de Vox, Cs y PPC al PSC por pactar con el soberanismo el blindaje de una inmersión lingüística «forzosa» con «hispanófobos» como aliados han sido contundentes.

  • [Francisco] Franco le hizo un flaco favor al castellano en Catalunya imponiéndolo y machacando el catalán, y ahora ustedes se lo hacen al catalán, imponiéndolo radicalmente y tratando de erradicar al castellano de las instituciones», ha espetado el líder de Cs, Carlos Carrizosa, hurgando en la colaboración del PSC y En Comú Podem en la operación, e incluso comparando unas declaraciones de la portavoz socialista Alícia Romero en defensa de la vehicularidad del catalán con el «catecismo rancio» del expresidente Quim Torra.
  • «¿Cómo es posible que se sumen al nacionalismo más rancio?», ha preguntado el líder del PPC, Alejandro Fernández, a los socios en el Gobierno central. Y citando al expresidente Jordi Pujol aseguraba que esta nueva ley es una «traición» que acaba con el pacto forjado 40 años atrás. Fernández ha insistido en que esta norma no hace ningún favor al catalán criticando que el Govern se centre en esta ley en vez de velar por un mayor uso social de la lengua sin «menospreciar» al castellano.

A parte de los recursos al Constitucional, los tres partidos ponen en marcha las querellas contra el ‘conseller’ Josep Gonzàlez Cambray, y altos cargos del Departament d’Educació. «No nos gusta presentar querellas, pero nos vemos en la obligación de hacerlo», ha inquirido el portavoz de Vox, Joan Garriga, amenazando con penas de prisión.

Para el PSOE y Podemos es algo normal

La diputada del PSC, Esther Niubó, negociadora de la ley, ha replicado que «no hay nada de inconstitucional, ni se niega el derecho a la enseñanza del castellano» porque esta ley «se ajusta perfectamente a la normativa y a la sentencia del TC del 2010». «No sé si algunos de estos partidos quizá quieren ir más allá de la normativa y si a algunos preocupa los porcentajes no corresponde a una ley entrar en esta concreción», ha insistido, pidiendo a Vox, Cs y PPC que estén anclados en la «confrontación permanente» generando «crispación» desde la «trinchera».

Ahora bien, pese a celebrar el acuerdo con independentistas y ‘comuns’, Niubó ha afeado al Govern que, en el decreto que acompaña a esta legislación, «no haya preservado el espíritu del redactado» porque se explicita el rechazo a los porcentajes y desaparece la mención al uso curricular y educativo del castellano.

«La inmersión no se toca», ha defendido, por su parte, la parlamentaria de los morados Jéssica González. «Hoy debatimos el mantenimiento de unos derechos, de la igualdad de oportunidades», ha espetado ya que ha hecho un defensa cerrada del texto porque, a su juicio, blinda la inmersión y protege a los docentes del «embate de los jueces».

Sánchez se une con ERC y Bildu en contra de exigir respeto al español

Los socialistas, junto a Unidas Podemos, ERC y Bildu, han rechazado la proposición no de ley que los populares han llevado al Pleno para exigir a la Generalitat separatista el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En su iniciativa, el PP advierte que «es la Alta Inspección el instrumento del que dispone el Estado para supervisar a las comunidades autónomas en materia de educación (…) para detectar posibles incumplimientos normativos». Por eso, «el Gobierno no puede permanecer impasible a las declaraciones de la Generalitat instando a los centros educativos a incumplir la sentencia, la Constitución y la ley».

La respuesta del PSOE, como suele ser habitual, es lavarse las manos y confiar en los independentistas: «No queremos establecer una batalla política porque entendemos que las sentencias están para cumplirlas», ha defendido el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez. En el debate, el diputado socialista Marc Lamuà acusó al PP de «decidir que las lenguas sean un arma arrojadiza» y «buscar la crispación y los votos aupados de odio que esperan recuperar con una guerra de lenguas».

Qué opinarán los votantes socialistas andaluces, extremeños, castellano-manchegos… Bueno, quizás para sus dirigentes seguir unos meses más en la poltrona bien valga una lengua.

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