Sánchez obsesionado con controlar la Justicia por lo que pueda venir

Otra cacicada de Sánchez: sabe que su salida está cercana y pretende controlar el Constitucional sea como sea

Para Pedro Sánchez, todo vale. Si hace una año se inventó una reforma para que el Constitucional no pudiera renovar sus cargos por su cuenta, hoy propone derogarla y fabricar otra para controlar él la institución. De la misma manera, cesaban a cinco consejeros independientes de Indra y favorecer así el control de la compañía. Aunque esta intervención del Gobierno, se ha traducido en casi un 20% de pérdida de valor. ¡Qué más da! Lo importante es controlar las principales instituciones: el CNI, la Fiscalía General del Estado, el CIS, ahora el Constitucional o Indra.

El Gobierno insiste en sus maniobras para renovar el Constitucional, que pasará de una mayoría conservadora a otra progresista. Hace unos meses el Ejecutivo realizó un bloqueo exprés al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impidiéndole realizar nombramientos de jueces y magistrados mientras esté en funciones. Ahora, sin rubor alguno, el PSOE  presenta hoy en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley tramitado, de nuevo, por la vía de urgencia, para que el Consejo pueda proponer a los dos, de los cuatro, magistrados que le corresponden para la renovación del Tribunal de Garantías que, de acuerdo a los plazos legales, debe abordarse en este mismo mes de junio.

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Ley preparada para el PSOE

Es decir, los socialistas reformarán la ley ad hoc para permitir que el CGPJ realice los dos nombramientos que puede realizar el Gobierno y así controlar el Constitucional, pero prohíbe cambiar las vacantes correspondientes a los jueces. Así, se sigue desangrando al Supremo más mermado de la historia de nuestra democracia, como consecuencia de los vetos impuestos al Consejo en base a la modificación legal que, ahora, pretenden revocar de manera parcial.

El Gobierno impulsó, en marzo de 2021 la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Una modificación normativa que provocó un rechazo unánime en el ámbito judicial, que ha suscitado duras críticas de la Comisión Europea de Justicia y que ha provocado una parálisis institucional severa, entre otros, en el Tribunal Supremo.

Un Constitucional caducado

El mandato de cuatro de los doce magistrados de la Corte de Garantías caducaron el pasado domingo y, con ellos, se avivó la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos. La Constitución dicta que este tercio corresponde renovarlo al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar en solitario y avanzar de manera unilateral.

La Constitución establece en su artículo 159 que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres», nombrados por el Rey «cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial».

Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un ‘pack’ cerrado. Así lo han confirmado fuentes próximas al órgano Constitucional.

Críticas de Fejijóo

Feijóo ha cargado duramente contra el Ejecutivo de PSOE-Podemos, ya que, a su juicio, «parece que el objetivo del Gobierno es no negociar nada con el PP». «O ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder, o simplemente tiene su propio proyecto político que consiste en controlar instituciones, que consiste en mantenerse en el Gobierno, no en gobernar, con un proyecto personal o personalista», ha lanzado el líder de la oposición a Pedro Sánchez.

Feijóo ha criticado a Sánchez que pretenda ahora «reponer» las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses. Según ha dicho, a este órgano «lo dejó sin competencias» y ahora como «le interesa modificar el TC» parar cubrir las vacantes le «repone parte de las competencias que le había hurtado». «Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto empieza a ser una preocupación no puntual, no estructural», ha lamentado el presidente de los populares.

En el fondo está la idea de Sánchez de controlar el Constitucional con sus magistrados «títeres», de forma que no frenen sus próximas medidas en esa huida hacia adelante que se prevé realizará el Presidente.

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