Sánchez aprueba la Ley de Vivienda pese al demoledor informe del CGPJ

El Consejo de Ministros no realiza ninguna modificación antes de enviar el texto a las Cortes.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Vivienda pese al demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial. El texto del CGPJ dejaba claro que interfiere, sin justificación, las competencias autonómicas: “La vivienda es una materia de titularidad autonómica”.

Respecto a este informe, la ministra recalca que «es preceptivo, no vinculante». Y añadió: «Delimitar el campo de actuación del estado en materia de vivienda no invade ninguna competencia autonómica». Habrá que ver si el Tribunal Constitucional acaba tumbando la norma o parte de ella.

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Zonas tensionadas

La norma deja a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado. En ellas, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de sus contratos, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años.

Para los grandes tenedores de viviendas habrá regulación de precios para bajar por ley los alquileres. En el caso de los pequeños propietarios, con menos de diez viviendas, habrá congelación de precios e incentivos fiscales para bajar dicho precio. No habrá regulación, pero al congelarse, supondrá una pérdida para ellos. Además, en estas zonas, el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones. Así se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.

Vivienda vacía

La ley incluye un impuesto a la vivienda vacía. Se realizará mediante un recargo del IBI que puede llegar hasta el 150%. Este recargo lo aplicarán los ayuntamientos a las viviendas que hayan permanecido vacías durante más de dos años si el propietario tiene cuatro o más viviendas en el mismo municipio.

El sector inmobiliario, en contra

Los expertos del sector inmobiliario reiteran que el anteproyecto será de corto recorrido y difícil aplicación. «Es una Ley inconstitucional porque vacía de contenido el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y porque invade competencias legislativas cedidas a las comunidades autónomas, como son las competencias en materia de viviendas», afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Por su parte, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, indica que «el anuncio hecho público hoy genera, una vez más, incertidumbre en el mercado. Los tiempos fijados para (…)ponerla en marcha sugieren que la nueva ley no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura, en la que las fuerzas parlamentarias podrían variar y también el interés político sobre la misma».

María Andreu, directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), opina que «la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».

Algunas comunidades autónomas, como las dirigidas por el Partido Popular (PP), han dicho que no piensan aplicar la ley. Incluso en otras CCAA, como Cataluña, donde ya hay una ley al respecto, existían ciertas dudas sobre si es aplicable o no por problemas competenciales. 

En definitiva, es evidente que esta ley propiciará numerosos procedimientos judiciales y acabará pasando por el Tribunal Constitucional.

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