PSOE y separatistas pactan contra el español en las aulas de Cataluña

El objetivo es burlar las resoluciones judiciales que obligan a impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano

Hoy, de forma urgente y sin debate alguno, el PSC ha pactado con los separatistas de ERC y JxCat y los comunes una proposición de ley en Cataluña sobre el uso del catalán. El objetivo evidente es burlar las resoluciones judiciales que obligan a impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano. El texto enviado al Parlament, sólo reconoce al castellano un «uso curricular» cuando está considerado por el Tribunal Supremo como «lengua vehicular».

El Alto Tribunal confirmó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) sobre el decreto 119/15 del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de ordenación de las enseñanzas de la Educación Primaria. Indicó que «El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

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Sin embargo, la nueva proposición de socialistas, comunes y separatistas establece que el catalán y el castellano son lenguas de «uso curricular». Además, hace desaparecer un porcentaje mínimo de enseñanza en cada una de ellas, si no que su uso se fijará «de acuerdo con criterios pedagógicos» en cada centro educativo.

El texto pactado señala que el catalán será la lengua «normalmente usada» en la enseñanza en Cataluña, incluida la acogida de nuevos alumnos. El castellano, mientras tanto, se utilizará «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha cuestionado el acuerdo en las redes sociales: «El castellano es lengua vehicular, no curricular. Lo dice la Constitución, lo dicen numerosas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TSJC. Y lo exige la ejecución forzosa de la sentencia del 25%. No vamos a aceptar menos», ha remachado la plataforma.

Oposición de la oposición

Vox, Ciudadanos y el PPC han presentado enmiendas a la totalidad a la proposición de ley antes de que finalizase el plazo al mediodía. Cs ha sido el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que plantea que el catalán, el castellano y el inglés sean «las lenguas normalmente utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje» en la escuela catalana.

En la sesión de control en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negado que la nueva ley represente «un ataque al poder judicial», sino que responde al principio de «separación de poderes». «Las leyes las hacen los parlamentos, no los tribunales. Los tribunales aplican las leyes que aprueban los parlamentos», ha argumentado. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, no ve ningún problema en el acuerdo alcanzado en el Parlament, en el que se dice «claramente que tanto el castellano como el catalán van a ser lenguas curriculares».

En el PSOE, con la ministra de Educación a la cabeza. ven compatible el pacto alcanzado entre el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem con cumplir la sentencia que obliga a un 25 % de clases en castellano. Fuentes socialistas insisten en que no puede haber problema entre el fallo judicial y la nueva ley. En cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de dar su «beneplácito» a la vulneración del Estado de Derecho al pactar con el independentismo una nueva ley que no fija porcentajes al uso del castellano en las aulas.

Se intentó ir más lejos

La Plataforma per la Llengua no consiguió introducir una enmienda a la nueva ley, donde buscaba que el castellano no fuera reconocido como lengua de «uso curricular» en Cataluña. En su opinión, sigue existiendo el «riesgo» de que, «en una interpretación extrema» de la normativa vigente, el Estado pueda imponer el 50 % de horas lectivas en castellano. La propia CUP -que también se opone a la nueva ley- exige la «retirada total de la propuesta», porque a su entender «abre la puerta a la vehicularidad del castellano en las escuelas».

El conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha asegurado que será su departamento quien asumirá la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos de los centros escolares. Controlando, por tanto, el porcentaje de horas lectivas a impartir en catalán o castellano en base a criterios pedagógicos. Es decir, que libere a los directores y profesores e implique a un departamento en manos de los republicanos ante un hipotético escenario de desobediencia. Un escudo que aprobarán en una reunión extraordinaria esta semana. Así pues, en paralelo a la ley que se aprobará con total seguridad en el Parlament este viernes, el Govern ya tiene previsto aprobar próximamente un decreto ley que regule la cuestión de los proyectos lingüísticos.

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