Podemos intenta engañar al juez que investiga el ‘Caso Neurona’

Podemos niega al juez del ‘caso Neurona’ su contraseña de Facebook alegando su «derecho a no colaborar»

Podemos intenta una vez más engañar al juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, con un informe realizado por un supuesto «perito independiente» que ha analizado los vídeos publicados en Facebook durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019. De esta manera, los morados intentan eludir la orden del magistrado que les requirió las contraseñas de sus redes sociales para que la Policía pueda investigar los supuestos vídeos editados por la consultora chavista Neurona Consulting, que los podemitas aseguran que publicaron en sus perfiles durante la campaña electoral y por los que desviaron 363.000 euros de los fondos públicos.

Pero, el informático que ha realizado el dosier entregado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Ramón Devesa, no es un experto «independiente», según ha podido saber OKDIARIO. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que este empleado trabajó para el ex presidente de Ecuador Rafael Correa. Era la persona que supervisaba sus dispositivos electrónicos y realizaba copia de sus conversaciones telefónicas debido a que el ex mandatario temía a que pudiese ser víctima de un hackeo.

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«Esta persona acabó realizando un doble juego: por un lado ofreció información sobre Correa a la inteligencia ecuatoriana, porque pensaba que esto podría proporcionarle un beneficio económico; y por otro, los Servicios de Información de Ecuador le detectaron, en un seguimiento a Ola Bini, colaborador de Julian Assange, intentando sustraer información sensible sobre el ex mandatario Lenin Moreno», explican fuentes internas.

Trabajó para Podemos

Además, Ramón Devesa trabaja como informático en la empresa R5 Personal and Corporative Services –administrada por los escoltas de Correa Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina– y contratada por Podemos, en mayo de 2020, para obtener toda la información referente a la seguridad del partido. Unos datos que estaban en poder, exclusivamente, del equipo informático de la formación morada que ha sido despedido de manera fulminante.

El propósito que buscaba el partido fundado por Pablo Iglesias con este contrato era, según explican fuentes internas de toda solvencia, «elaborar un informe» que respaldase el «despido supuestamente disciplinario» de todo el equipo informático de la organización política. En el proceso también se clonó el contenido de los ordenadores para buscar «filtradores».

De esta manera, con esa maniobra la cúpula de Podemos pasaría a ejercer el control de «todos los equipos informáticos de los trabajadores». Así, los morados podrían evitar filtraciones que pudiesen perjudicarles en investigaciones judiciales como el caso Neurona, el caso niñera o el caso Dina-Iglesias.

Podemos obstaculiza la investigación

Tras meses de investigación, Podemos lejos de colaborar y facilitar el trabajo a los investigadores no para de poner palos en las ruedas. En este punto, el juez Escalonilla –que no se le acaba la paciencia todavía– dictó una providencia el pasado 2 de noviembre que subrayaba: «Se requiere nuevamente al partido político Podemos, a través de su representación procesal, a los efectos de que en el plazo de cinco días manifieste si autoriza y permite el acceso al perfil que dicha formación política tiene en dicha red social».

Podemos afirmó que ese perfil estaba gestionado por una trabajadora de Neurona y el juez quiere verificarlo. Por ello, si el partido da su clave de acceso se podrá «proceder a la descarga completa del historial de dicho perfil de Facebook en las fechas comprendidas entre las 00:00 horas del día 12 de abril de 2019 y las 20:00 horas del día 26 de abril de 2019, que corresponden con la campaña de las elecciones generales de 2019, facilitando para ello lo solicitado por la fuerza actuante en el anterior oficio recibido».

Sin embargo, la formación morada se niega rotundamente a acatar este segundo requerimiento. Podemos manifiesta en un escrito entregado al juez: «Nuestra situación procesal en esta causa es la de persona jurídica investigada. Tal y como señalaba el Ministerio Fiscal y además fue confirmado expresamente por el Magistrado Instructor, esta posición procesal tiene como finalidad garantizar nuestros derechos durante la instrucción. Entre los derechos de las personas investigadas se encuentra el derecho a no colaborar con su propia investigación. No hay, por tanto, y dada nuestra condición procesal, obligación legal alguna de autorizar el acceso a las claves solicitadas».

Fuente: OkDiario

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