Pablo Iglesias, imputado por un delito penado con hasta 3 años de cárcel

La Audiencia Nacional imputará a Pablo Iglesias por su responsabilidad en la destrucción de la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham

Fuentes de la Fiscalía aseguran que el líder de Podemos será llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de daños informáticos, penado con hasta tres años de cárcel, dentro de tres semanas aproximadamente.

El juez Manuel García-Castellón solicitó el mes pasado a la Fiscalía Anticorrupción un informe para que se pronunciase sobre la petición de Prolege, que ejerce la acusación popular en la causa. Esta asociación de juristas había pedido la imputación de Iglesias en la pieza separada número 10 de la operación Tándem o caso Villarejo, conocida como caso Dina.

Hasta el momento el ex vicepresidente del Gobierno no había sido imputado en esta causa porque gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Un privilegio que ha perdido tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y tras anunciar que no recogerá tampoco su acta como miembro de la Asamblea autonómica de Madrid.

Además, el magistrado manifestó que Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016. El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo.

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», subrayaba el escrito.

El magistrado señaló como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta inoperativa que guardaba en su poder y advirtió que a lo largo de la investigación no se pudo determinar la fecha de la devolución, en todo caso, indicó que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. Lo que sí se ha podido confirmar es que «cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», señaló el juez.

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