Oltra acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión de perseguir delitos por la Fiscalía.

La política de extrema izquierda evitó informar de abusos a una menor y se la acusa de tener un ruin plan para ocultar los abusos de su exmarido

Según la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra habría diseñado un ruin plan para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. También se acusa a la vicepresidenta de intentar «desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

La fiscal superior Teresa Gisbert solicita a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que este tribunal investigue a Oltra. Considera que la actuación de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y ve «indicios relevantes» contra Oltra.

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La Fiscalía concluye que hubo «un plan preestablecido» para ocultar y desacreditar la menor. No entiende que no se avisase a la Policía, a la Fiscalía de Menores y/o a la Administración de Justicia. Solo se filtró la agresión cuando la víctima los relató a unos policías, «más de cuatro meses después» de habérselo comunicado a una trabajadora social.

Investigación interna

Para la Fiscalía «es preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos», y cree entrever «la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos», al realizar únicamente una investigación interna.

La intención era «dejarlo correr», una actitud que, a todas luces, parece «incomprensible» y «extraña» en una Consejería de Igualdad y Políticas inclusivas. Pero claro, «pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido» de Oltra.

Siempre cabe la posibilidad de algún error por parte de algún funcionario «pero ¿todos?», se pregunta, y afirma que hubo «una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos».

La pregunta, entonces, es evidente: «¿Cuál podía ser la finalidad de todo ello?» y solo cabe una respuesta y es que «el beneficiario directo» era Luis Eduardo R., exmarido de Oltra y condenado por los abusos. Pero también se beneficiaría la propia Oltra, puesto que «era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».

Descalificar a la menor

La Fiscalía expone que la finalidad del expediente informativo elaborado por la Consejería tras abrirse la investigación judicial, «no fue esclarecer los posibles errores» que se pudieran haber cometido, «sino la de esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor».

  • «Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalidad y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor», pues en él se niega credibilidad a la declaración de la víctima.

En opinión de la fiscal tras «haberse iniciado un procedimiento judicial» por los abusos y «salir de la órbita interna de la Consejería, dónde ya no podían ‘controlarse’, se optó por abrir un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la Consejería».

Es por ello que atribuye a Oltra los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y extiende estos dos últimos al resto de investigados en esta causa.

La fiscal la acusa a ella exclusivamente de prevaricación porque la considera la autora de la «orden verbal» a todos los funcionarios investigados indicando que «actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor».

La propia Fiscalia indica que «Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y añade que un «fuerte indicio de que dicha orden fue emitida» por Oltra es que todos los que intervinientes mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería.

Aferrada al sillón

La vicepresidenta de Ximo Puig, no se plante dimitir a pesar del demoledor informe de la Fiscalía. Así, lo ha dejado de claro la también portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Pleno del Gobierno valenciano celebrada hace unos minutos: «Ya lo dije la semana pasada y no ha cambiado nada. Y menos, después de leer el informe de la fiscal» donde ha reconocido le ha sorprendido el tono de la fiscal.

Ha defendido que ella no ha  «cambiado la versión», refiriéndose a las manifestaciones donde dijo que «el informe lo encargué yo». Se trata del expediente que su consejería abrió a la menor abusada en paralelo al proceso judicial, de ahí que se le conozca como el ‘expediente paralelo’.

Es curioso como cambian las posturas de los políticos. Cuando estaban en la oposición eran los adalides de la lucha contra la corrupción exigiendo dimisiones ante cualquier duda sobra una actuación rival. Ahora, las líneas rojas han cambiado y las establecen ellos: «Esa es la línea roja…, la verdad es la línea roja. La realidad es la línea roja»

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