«No somos terroristas, somos transportistas». El Gobierno criminaliza al sector

Mientras Sánchez exige ayuda en Europa, aquí abandona a los trabajadores y quiere cargar el sobrecoste del transporte a los consumidores

Otra vez, España será el último país de la Unión Europea en intentar frenar una crisis, ahora toca al encarecimiento de la energía. Ya nos pasó con la pandemia del Covid. De nuevo Pedro Sánchez se espera que Europa nos lo solucione por su ineptitud en la toma de decisiones. Lo curioso es que los países a los que pide colaboración ya han tomado medidas para favorecer a sus ciudadanos. 

Muchos países europeos han decidido bajar los impuestos a la energía, bajando así la factura de la luz, el gas y los carburantes. Otros han preferido ayudar con subvenciones directas a empresas y consumidores que facilite el pago de las facturas.

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Sánchez justifica esta inanición con la excusa de que «tenemos que dar una respuesta común, no 27 distintas en función de cada Estado». Sin embargo, él propició 17 respuestas distintas en España a la emergencia sanitaria para no tener que responsabilizarse de las medidas.

Ataca a los trabajadores

El Presidente del Gobierno retrasa la toma de decisiones hasta el 29 de marzo, no importándole la situación angustiosa que viven sus ciudadanos. Así, ante el levantamiento popular de los transportistas, Pedro Sánchez ha acusado este viernes a “la minoría” de los transportistas en huelga por el alto coste de los suministros de actuar “de manera vandálica cuando no violenta“, tras ordenar a la Policía actuar contra ellos.

No conforme con ello, vuelve a sacar el mantra ideológico. El argumentario de Moncloa pasa por culpa «a la ultraderecha» de la huelga de los transportistas que amenaza con un colapso importante en las principales empresas del país. La primera en emplear esos términos fue este jueves la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Le han seguido la vicepresidenta Nadia Calviño y las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez. La titular de Transportes, hoy mismo, ha insistido en que «una parte de la ultraderecha» está alentando «las movilizaciones violentas» que se están dando en el sector del transporte. La ministra ha asegurado que el Gobierno va a actuar porque es «sensible» a las demandas del sector.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden de perseguir a los camioneros huelguistas por la propia inacción del Ejecutivo en esta escalada de precios. El Ejecutivo socialcomunista insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad exige «contundencia» contra los piquetes, De nuevo sus actuaciones políticas se vuelven contra ellos. Recordemos que hace apenas unos meses, los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, impulsaron y aprobaron en las Cortes la despenalización de tales actuaciones, que ya iban en su acuerdo de coalición. En concreto el Ministerio del Interior ha desplegado a más de 20.000 agentes para frenar a los transportistas y a la vez garantizar la seguridad de los que deciden seguir trabajando.

«Son ultras»

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte ha sido el colectivo que ha convocado el paro iniciado esta semana. El Gobierno de Pedro Sánchez les acusa de ser de «ultraderecha» y de estar alentados «por posicionamientos de odio».

La propia Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también les tachó de «ultras» por estar «amedrentando a los transportistas». «No vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot», aseguró este jueves la ministra de Transportes.

Por ello la ministra ha recibido un monumental abucheo por parte de los transportistas en huelga por los altos precios de la gasolina. «¡No somos terroristas, somos transportistas!», ha sido la consigna que más han repetido estos trabajadores a Raquel Sánchez.

Los hechos han ocurrido este jueves durante una visita de la ministra Sánchez a Valladolid con motivo de la ceremonia de la piedra de la nueva planta de Switch Mobility.

El propio Sánchez marcaba el camino a todo la izquierda política. «No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar. Estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas. Están evitando que la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar».

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