Moncloa oculta la identidad de sus 127 asesores que cuestan 6,1 millones de euros

La secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se niega a facilitar la identificación y currículum de la plantilla más cara del Estado

Moncloa se ha quedado callada cuando se le ha pedido que ofrezca datos claros sobre los 127 asesores contratados como personal eventual de confianza en las delegaciones del Gobierno. Es la plantilla que percibe los más altos niveles de retribución existentes dentro de la Administración General del Estado –del 26 al 30– y a la que los últimos Presupuestos destinan 6,1 millones de euros, el 11 por ciento del gasto total en personal de confianza.

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, reclama conocer las identificaciones, formación académica y trayectoria profesional de esta plantilla de asesoramiento especial. Sin embargo, el Gobierno le ha respondido por escrito que «no procede» atender su petición «por afectar a datos de carácter personal». Una contestación que el grupo que preside Santiago Abascal estudia llevar a los tribunales. «Es personal pagado con dinero público», subraya Olona, rechazando de plano que las identidades de este tipo de cargos puedan ocultarse aludiendo a la protección de datos.

La excusa del Gobierno tampoco es válida para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). «No se ajusta a nuestro ordenamiento ni a los principios democráticos que deben presidir la transparencia y las prácticas del buen Gobierno», sostienen fuentes de este sindicato. «Entendemos que debería prevalecer el derecho a la información pública y que esta sólo puede ser limitada, de manera excepcional, por la protección de datos personales», pero no por una «justificación genérica y abstracta», subrayan.

En efecto, la Ley de Protección de Datos Personales recoge el deber de confidencialidad de los responsables y encargados de tratamiento de datos. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha fallado repetidas veces que este deber no prevalece sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos reconocido en la Constitución, y desarrollado en la Ley de Transparencia en cuanto a los procesos de toma de decisión de los poderes públicos y utilización de los fondos presupuestarios.

Además, esta ley establece que con «carácter general» la Administración concederá «el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano» cuando le sean requeridos. Es decir, que el veto generalizado de Moncloa a la petición individualizada de Vox no aparece contemplado en la Ley de Transparencia.

Sí se prevé una excepción al derecho a la información, pero circunscrita al «caso concreto en que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación». Por ejemplo, que la identificación colocara a estos asesores de confianza del Gobierno en una situación de riesgo o les causara algún perjuicio. Pero incluso esta exepción no podría aplicarse de forma automática. «Sería esta autoridad o funcionario el que debería presentar una justificación suficiente y concreta, sin que sea admisible la invocación de un perjuicio presunto y abstracto», subrayan las citadas fuentes de  CSI-F.

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