Los independentistas mienten sobre el número de espiados

Los independentistas catalanes rebajan de 65 a 17 los espiados por Pegasus en su querella

Mucho ruido y pocas nueces. Como siempre, el victimismo de los independentistas catalanes, termina por salir a la luz. Comenzaron acusando a los diferentes Gobiernos de España un espionaje masivo contra los independentistas catalanes. Para los golpistas, era la prueba que el Estado español les perseguía por sus ideas. Hablaron de 65 espiados por el sistema Pegasus, pero finalmente la querella presentada el pasado 3 de mayo ante los tribunales ordinarios de Justicia en Madrid se ha quedado en 17.

Todo partió de un supuesto trabajo de la Universidad de Toronto para denunciar una purga ideológica a gran escala -el mayor caso de espionaje mundial-. Sin embargo, de momento se ha quedado en la cuarta parte. Y es que la propaganda y la mentira son muy fáciles, pero denunciar ante la justicia con datos objetivos es otra cosa.  Los sediciosos catalanes y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tienen una cosa en común: mienten para su propio beneficio. Los primeros dicen ser víctimas de un plan sistemático orquestado por el Estado y el segundo, de un espionaje con datos trucados. Mentira y más mentiras.

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Ojo al dato

El trabajo elaborado por la Universidad canadiense de Toronto, apuntaba al hackeo de 65 políticos, abogados y activistas catalanes. Un número exagerado que superaba con creces a anteriores estudios del mismo organismo. Así, en El Salvador, denunció 35 espionajes a líderes de la oposición y periodistas; Francia, con el archiconocido espionaje a Emmanuel Macron; o Arabia Saudí y el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi.

Pero la realidad es que la querella presentada por Boye recoge solo 17 casos. A los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra, a la presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás, a los eurodiputados Antoni Comin y Clara Ponsatí, a los diputados autonómicos Lluis Puig, Miriam Nogueras y Mariona Illamola, a los senadores María Teresa Rivero i Segala, Josep Lluis Cleries, Josep María Matamala, Assumpció Castellví y Josep María Cerver, además de Josep Lluis Alay, ex coordinador de Políticas Internacionales de la Generalitat e investigado en la Operación Voljov de la Guardia Civil y Lluis Escola, sargento de los Mossos investigado por varios delitos y expedientado por hacer de escolta de Puigdemont en el extranjero. La querella incluye como perjudicado al rapero Josep Arenas Beltrán (Valtonyc) pero deja fuera, de momento, al actual presidente catalán Pere Aragonés.

¿Cuándo?

Los querellantes aseguran que el espionaje se produjo «a partir del año 2017 y posiblemente también desde el año 2015». El propio Gonzalo Boye denuncia haber sido víctima de «al menos 18 ataques (…) a través de mensajes SMS que contenían un enlace malicioso».

Asimismo, la querella mantiene que Carles Puigdemont fue espiado por Pegasus el «30 de octubre de 2020». Relaicona esta supuesta intromisión ilegítima en las comunicaciones a la detención «tan sólo 48 horas antes» de Josep Lluis Alay, defendido de Gonzalo Boye (…) en el marco de lo que se llamó Operación Voljov.

De enero a mayo de 2020

El abogado de los independentistas también sostiene que la mayor actividad de espionaje se produjo entre enero y mayo de 2020. Por entonces, se supo que sería el representante legal del etarra Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, en el caso abierto en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad.

Boye denuncia a tres empresas como presuntas responsables del software usado para el supuesto espionaje -Q Cyber Technologies, NSO Group Technologies y OSY Technologies-  y a tres personas concretas, Niv Karmi, Shalev Hulio y Omri Lavi, así como «cuantas personas más resulten responsables en los hechos objeto de la presente querella». Todos los querellados presentan domicilios en Israel, excepto una de las empresas que tiene sede en Luxemburgo.

Pinchazos legales

Hoy, en la comisión de secretos, muy posiblemente se les informará de los procesos aprobados por orden judicial. Pero a los independentistas les dará igual, pues ellos solo buscan desestabilizar al Estado español.

Las palabras de ayer de la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordando que el Gobierno autorizó el pinchazo telefónico a 18 líderes de la organización independentista Tsunami Democràtic, deberían ayudarnos a entender la falsedad del movimiento independentista. «Quizás algunos que dan lecciones tendrán que callar», aseguraba, en referencia a los separatistas, sin dar más detalles sobre el asunto. Y así será. Pese a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, no podrá profundizar sobre la investigación en la Comisión de Secretos Oficiales que se celebra hoy jueves, puesto que las actuaciones del CNI están sujetas a secreto por ley, podrá aclarar ciertas acusaciones. Una de ellas es la legitimidad de la investigación donde un juez solicitó investigar a los imputados en el marco de una investigación por delitos graves de terrorismo. Una causa que está vinculada al fugado Carles Puigdemont.

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