La ‘ley Castells’ elimina al Rey de los títulos universitarios

El desaparecido Ministro de Universidades reaparece para atacar a la Corona española.

Siempre se le criticó por parecer algo errático, por su desaparición en lo peor de la pandemia y por sus comentarios nada políticamente correctos. Pero cumplió con lo que quería: presentar una nueva ley de Universidades, una que lleve su nombre. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, a cuyo borrador ha accedido ABC, será llevado previsiblemente a Consejo de Ministros el próximo martes en primera vuelta. Ya fue aprobada por la comisión de secretarios y subsecretarios el pasado jueves, como paso previo a su presentación en el Consejo de Ministros.

Si bien inicialmente, fuentes consultadas por ABC habían señalado que se trataría de una ley ‘corta’ que no entraría en el detalle de los grandes ejes del sistema universitario, el texto resultante tiene casi 90 páginas, 107 artículos y quince títulos además del preliminar. El borrador del anteproyecto es un recorrido por la perspectiva de género y la memoria democrática, aborda la creación de centros, el reconocimiento de títulos, el régimen jurídico, económico y financiero de las universidades públicas, así como la investigación y las distintas figuras: personal docente e investigador, técnico, de gestión y de administración y servicios. Se trata de la tercera ley universitaria de la democracia y ninguna de las dos anteriores hizo lo que esta. Ni la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, ni la de 2001 (con su modificación de 2007) olvidó al jefe de Estado. El borrador de la ‘ley Castells’, sin embargo, elimina las funciones del Rey de España.

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En el texto, al que ha accedido ABC, se indica que solo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales. Ya no serán expedidos en nombre del Rey, que desaparece de la redacción en la nueva ley. En la norma vigente se señala: «El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad».

El borrador de la ley establece que los candidatos a rector podrán ser catedráticos pero a partir de ahora, también los profesores titulares. Es la primera vez en la historia de España que un rector accede sin ser catedrático. La ley vigente, la LOU de 2001 (y actualizada en 2007), señala que «el rector será elegido por el claustro, o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos de cada universidad, entre funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad que presten servicios en ella». La nueva ley le pone a los candidatos a rector una serie de requisitos: «Deberán ser funcionarios de los cuerpos universitarios docentes con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal».

Cuando este periódico publicó la información sobre los planes del Gobierno de poner profesores titulares a dirigir la universidad fue acusado por el propio ministro Castells de mentir aduciendo que era una idea del PSOE, no de su ministerio. Posteriormente, en una entrevista condedida a este mismo diario y consultado nuevamente por el asunto, el ministro dijo que era una propuesta que no «descartaba». Finalmente se puso sobre el papel.

Otro nuevo punto respecto a la elección de rector es que aparte de la posibilidad de ser elegido por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria, se abre otra opción: la elección mediante un «órgano específico», que incluirá a miembros externos a la universidad. Así, el texto establece que este órgano «estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50 por ciento corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10 por ciento al estudiantado, el 10 por ciento al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30 por ciento a personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales. Se deberá buscar la representatividad de la mayoría de las facultdades o escuelas de la universidad».

Fuente: ABC

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