La Justicia confirma la ineptitud del Gobierno ante la pandemia

Primeras sanciones económicas a la Consejería de Sanidad de la C. Valenciana que puso en “grave riesgo” la seguridad y la salud “de todos los trabajadores sanitarios”

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, según el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, puso en “grave riesgo” la seguridad y la salud “de todos los trabajadores sanitarios». L a justificación es la falta de dotación con las suficientes “medidas y medios de protección” ante la llegada de la pandemia de covid. Todo ello, afirma, tuvo lugar “desde la declaración del estado de alarma” el 14 de marzo de 2020, hasta el mes de mayo del mismo año. Recalcando “el conocimiento que se tenía” de la expansión del virus . Por esta desprotección, el juez condena al gabinete de Ximo Puig a indemnizar con cuantías que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros a los 150 demandantes, todos ellos médicos. Es el primer fallo que fija indemnizaciones económicas en España.

Justificación legal

El juez afirma en la sentencia el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, “solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios”, incluida “la atención de pacientes infectados por coronavirus”. Añade que “las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables” de cada centro. De esta forma los sanitarios “se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables” que “se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus”. La consejería tampoco “les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas”.

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Sanciones económicas

Así, el departamento que preside la consejera Ana Barceló está obligado a pagar 5.000 euros a cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin la protección adecuada. Aquellos que debieron aislarse por contacto con afectados de covid percibirán 15.000 euros. A los sanitarios contagiados pero sin ingreso hospitalario deberán indemnizarlos con 35.000 euros. Y que los que sí fueron hospitalizados tras infectarse recibirán 49.180 euros.

Para CESM, el sindicato médico que impulsó de la demanda, recuerda que las tres provincias valencianas “batieron el récord de contagios entre el personal sanitario de toda Europa”. Se felicita Pedrera de que la sentencia obligue a Sanidad “a corregir y a evitar” que suceda al similar ante nuevas situaciones de riego sanitario.

Se trata de la primera resolución judicial con sentencia dictada de las cinco presentadas en la Comunidad Valenciana. Si todas estas sentencias fueran favorables, Sanidad podría enfrentarse a “una cifra total estimada, por lo bajo, en unos 25 millones de euros”. Cabe preguntarse, ¿habrá responsabilidades políticas? ¿Algún cargo asumirá que debe dimitir por su incompetencia demostrada? ¿Se abre el camino a más sanciones a nivel nacional?

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