El TSJC rechaza la propuesta de la Generalitat al no fijar porcentajes para ambas lenguas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da a la Conselleria de Educación un máximo de 15 días para ejecutar la sentencia que la obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. En el auto el TSJC exige al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que dicte las instrucciones y garantice que los alumnos reciban «de manera efectiva e inmediata» al menos el 25% de horas en castellano.
El consejero de Educación ya ha anunciado su negativa y que interpondrá un recurso de reposición, para lo cual dispone de cinco días. Pasados los 15 días, la Conselleria informará al TSJC sobre las medidas adoptadas para aplicar la sentencia y en qué grado se han cumplido. Paralelamente, el tribunal ha requerido a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema educativo catalán. Con ello, se fuerza la ejecución de la sentencia que ya, el propio TSJC, falló en diciembre de 2020.
¿Cuál ha sido el proceso?
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) pidió ejecutar la sentencia, pero la Generalitat comunicó al TSJC que ya había tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la escuela. En concreto, hizo referencia a las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña.
Pero el TSJC le contesta que la sentencia le impone «una obligación de resultado» y sus medidas no muestran un resultado concreto que se plasme en la actividad de las escuelas. El tribunal, sin embargo, coincide con el Govern al reconocer que la Administración puede elegir los medios con los que aplicar la sentencia, y subraya que «lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado».
Asamblea por una Escuela Bilingüe y voto particular
Todo parte de la petición que hizo la AEB, a quien se le ha reconocido como parte afectada y por tanto legitimada para pedir la ejecución, algo que la Generalitat le negaba. «Estos alumnos, y por tanto sus padres, pueden resultar tanto beneficiados por la ejecución de la decisión como perjudicados por su inejecución, y se les ha de reconocer la condición de afectados», argumentan los jueces de la Sala Contenciosa del TSJC al reconocer la legitimación de la AEB.
Dos de los cinco jueces que firman el auto han añadido un voto particular en el que discrepan de que pueda darse legitimidad a padres o alumnos individuales. El tribunal, por otro lado, ha rechazado una petición de Vox, que también pidió forzar la ejecución de la sentencia, porque no cree que como partido puedan considerarse parte afectada en la causa.
Fin de la vulneración de derechos lingüísticos
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, considera que con esta orden del TSJC «se ha dado un paso de gigante» para «poner fin a la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat cumplir de «inmediato» la sentencia para implantar el 25 por ciento de castellano en todos los centros educativos. Le da un plazo máximo de 15 días al Departamento de Educación para que dicte las instrucciones oportunas y establezca las garantías de control para su ejecución «forzosa».
En declaraciones a Efe, la presidenta de la asociación, ha añadido que «ahora lo importante es tener las herramientas para garantizar que el 25 % de castellano se cumple en todos los colegios catalanes».