El Govern impulsa un nuevo decreto de régimen lingüístico y plantea hoy una huelga en el sector educativo en Cataluña para protestar por la sentencia del TSJC
Hoy, miércoles, se ha convocado una jornada de huelga en el sector educativo en Cataluña para protestar por la sentencia del TSJC que obliga a que al menos un 25% de las clases se den en castellano. Una huelga que se inicia con enfrentamientos en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cuando un grupo de piquetes que impedían que las clases se pudieran desarrollar con normalidad.
A esta huelga se «ha adherido» (llámese promovido) el Govern, contra una sentencia que el consejero ha calificado de «injerencia» y de «retrógrada». Además, a los docentes y a los equipos directivos de los centros, el gobierno les asegura cobertura política y jurídica. Se pretendía demostrar su apoyo con una foto unitaria delante del Parlament, pero hasta eso ha sido un fracaso. Y es que se han quedado prácticamente solos. Vienen las aguas revueltas entre los independentistas catalanes.
Se niegan a cumplir la sentencia del TSJC
Todos estos movimientos vienen porque la Generalitat tiene hasta el próximo 25 de marzo para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esa que le obliga a que, en todo el sistema educativo, al menos un 25% de las clases se den en castellano.
Ya han expresado en más de una ocasión que no cumplirán la sentencia. Es por ello, que el Govern está preparando un nuevo marco normativo que supone el despliegue de la Ley de Educación de Cataluña, la LEC. Por eso, se va a impulsar un decreto de despliegue de régimen lingüístico con dos objetivos: fortalecer la escuela catalana y dotar de más seguridad jurídica a los proyectos educativos de los centros. Se justifica por un supuesto informe del Síndic de Greuges, donde se constata que «estamos ante una situación de retroceso del uso del catalán». Y, por lo tanto, añadía «impulsaremos el uso del catalán en los centros educativos». También ha dejado claro que lo que se valora en relación a las lenguas, «es su aprendizaje y no el porcentaje». En esta línea asegura que «la presencia del catalán aumentará en los próximos cursos en relación a la que tenemos hoy».
Mientras se produce este abierto desafío, qué hace el Gobierno de Sánchez. Pues lo mismo que en el resto de problemas que ahogan al país: se inhibe para no molestar a sus socios separatistas. Ni siquiera ha activado a la inspección educativa para que constate que se cumple la ley.