La Cámara de Cuentas da el visto bueno al contrato del hermano de Ayuso

El órgano externo e independiente de auditoría de la Comunidad de Madrid avala el contrato del hermano de Ayuso «se adapta al ordenamiento jurídico»

La Cámara de Cuentas ha avalado de forma definitiva el Informe sobre Contratos de Emergencia del COVID, en el que se incluye el contrato de compra de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La compra de mascarillas relacionada con el hermano de la Presidenta no fue irregular. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha emitido este miércoles el informe definitivo sobre la fiscalización de los contratos por vía de emergencia tramitados por el Gobierno regional durante los primeros meses de la pandemia. La conclusión es que «con carácter general» todos los expedientes cumplen con la ley, incluido el adjudicado por 1,5 millones de euros a Priviet Sportive en abril de 2020.

Esta operación, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, fue lo que motivó la trama de espionaje al entorno de la presidenta madrileña y que hundió al Partido Popular.

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El informe ha analizado un total de 4.448 contratos, (unos 1.000 millones de euros). En él zanja las sospechas sobre la gestión del Gobierno madrileño en los primeros meses de la pandemia, cuando se produjo un crecimiento exponencial de las adjudicaciones a dedo. De esta forma, este organismo independiente, da cobertura legal definitiva al contrato relacionado con el hermano de la presidenta, por el que cobró 55.850 euros como «contraprestación por su trabajo» como comercial en el sector sanitario.

Problemas legales en pandemia

Por otra parte, el informe de la Cámara de Cuentas, publicado este miércoles, reconoce que «desde el inicio de la pandemia se constató la enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia».

El documento afirma que «la imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia tanto en España como en otros países», implicó una «enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo».

El informe señala que «Los procedimientos de contratación de nuestro sistema jurídico están diseñados para pequeñas emergencias, no para grandes emergencias y apenas resultaban eficientes ante la magnitud de la pandemia. Al no existir precedentes ni legales ni procedimentales para una situación como esta, las normas se han tenido que interpretar atendiendo a la realidad social del tiempo en que han tenido que ser aplicadas», agrega el texto.

El informe concluye con dos recomendaciones. En primer término, «establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública». Y, por último, «extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo».

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