Irene Montero despilfarra 70.000 € en investigar la “discriminación en los vecindarios”

El Ministerio quiere saber “qué grupos étnicos son los más afectados en el ámbito de la vivienda”

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero acaba de licitar un contrato por 70.000 euros (impuestos incluidos) para investigar la «discriminación racial» en los vecindarios. Se trata de un estudio que la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, adscrita a dicho departamento, quiere externalizar para conocer «qué grupos poblacionales o étnicos son los más afectados en el ámbito de la vivienda» en términos de «discriminación racial».

Este contrato, según el expediente consultado por OKDIARIO, tiene entre sus principales objetivos «conocer las situaciones en las que se produce discriminación racial y actitudes de rechazo, basadas en el origen racial o étnico de las personas, en el ámbito de las relaciones con el vecindario, así como sus causas y manifestaciones directas en el clima de convivencia».

Además, el Ministerio pretende con este estudio «hacer un diagnóstico de la situación de discriminación racial en el ámbito de la vivienda en las ciudades de Madrid, Barcelona, Huelva y Almería y en los asentamientos de las localidades de Cañada Real, Badalona, Lepe, Níjar y El Ejido así como en otras posibles localidades donde haya asentamientos».

Junto a ello, el departamento de Irene Montero también se ha marcado el propósito de «analizar el impacto de la pandemia por el Covid-19 en el ámbito de la vivienda en los asentamientos y en las relaciones vecinales», una competencia más propia de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige el socialista José Luis Ábalos.

En este caso, Irene Montero y su directora para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, adscrita a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, sostienen que este nuevo trabajo, costeado con dinero público, persigue «profundizar» en los datos ya conocidos de estadísticas nacionales oficiales, otros estudios recientes y fuentes de ámbito europeo.

Además, el expediente contempla que la empresa adjudicataria se encargará de «recoger la repercusión mediática de las noticias sobre la situación de los asentamientos y su posible incidencia en el incremento del discurso de odio racista en los últimos meses, coincidente con el confinamiento causado por la pandemia del Covid-19». Desde Podemos, partido al que pertenecen Montero y Bosaho, vienen acusando a Vox de emplear mensajes «racistas», como hicieron ante el cartel sobre los menas de la campaña del 4-M o la reciente llegada masiva a Ceuta de inmigración irregular desde Marruecos.

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