Hacienda admite “incoherencias” en los gastos firmados por Sánchez en pandemia

El Gobierno de Sánchez firmó contratos durante la pandemia que según un informe de la OIRESCON están plagados de irregularidades

El Gobierno de Pedro Sánchez firmó contratos durante la crisis sanitaria, ejecutados por vía de emergencia por el Covid, que están plagados de «anomalías». Es la conclusión de un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), ente público autónomo bajo jurisdicción de Hacienda que vigila la contratación pública. Destaca desde «incoherencias» en los precios hasta la imposibilidad de acceder a la documentación pública.

La relajación en los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas fue una de las consecuencias de la pandemia. La falta de material de protección para los sanitarios llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a firmar cientos de contratos, buena parte de ellos con empresas chinas, sin la obligación de ofrecer públicamente sus detalles.

Entre los contratos que se firmaron, Sanidad compró por ejemplo batas a un precio 66 veces superior a los que la vendían los competidores españoles, mascarillas veinte veces más caras que el precio de mercado habitual, o test PCR para detectar el coronavirus que no tenían suficiente sensibilidad y terminaron en la basura. Hasta se dio el caso de que en 14 contratos figuraba la dirección del adjudicatario como «desconocida».

Se calcula que el Gobierno de Pedro Sánchez firmó 1.059 contratos por esa vía de emergencia, que alcanzaron en conjunto 3.891 millones de euros. Una cifra récord desde que existe este tipo de contratación. Y en muchos de ellos se han detectado deficiencias y anomalías diversas. El 40% de los contratos consistieron en adquisiciones de «equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal».

Además, esta agencia pública independiente advierte de que «se ha detectado un problema adicional y es la falta de concordancia entre el valor estimado indicado en la publicación, el presupuesto base de licitación y la suma de los precios de adjudicación de los contratos contenidos en dicha publicación. Estas incoherencias no han podido ser analizadas debido a la ausencia de documentación que las soporte».

Este documento de 91 páginas, advierte al Gobierno de que «la relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la inmediata ejecución de la prestación contratada», pero advierte de que «ello no excluye que, a posteriori, puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato».

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