El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska decidió que los presos tenían prioridad de vacunación frente al personal que les asiste
La denuncia por el trato a los funcionarios ha sido ya trasladada al Gobierno por el sindicato CSIF. Y es que “Interior se ha olvidado de sus funcionarios/as de prisiones y comienza a vacunar a los presos”, como señalan desde el sindicato. Todo ello, pese a que los funcionarios de prisiones comparten los mismos focos de contagio que los reclusos y, encima, se llevan los contagios a sus casas al terminar la jornada laboral.
Como resultado, uno de cada cuatro funcionarios aún no ha recibido ni una dosis. Un dato que ha llevado a CSIF a estudiar acciones legales contra el trato del Ministerio a los funcionarios de prisiones.
En consecuencia, los centros penitenciarios de toda España han iniciado ya la vacunación de la población reclusa pese a que cerca de 7.000 funcionarios (una cuarta parte de la plantilla) aún no ha recibido ni siquiera una dosis de inmunización, una situación que para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, supone un incumplimiento del protocolo de vacunación de forma clara.
El colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo 3B, junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia. Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con AstraZeneca, miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar ni tan siquiera con la primera dosis.
Sin embargo, no se ha querido abordar y solucionar el problema. Y el resultado no es otro que el hecho de que estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros de la Administración Pública que trabajan con los mismos condicionantes sí lo están.
Sindicatos como CSIF han trasladado una queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y estudian acciones jurídicas. Y es que el malestar de las plantillas de profesionales crece mientras se siente desamparada por sus superiores.