ERC pretende ilegalizar a Vox por supuestos delitos de homofobia

El plan es condenar oficialmente políticas extranjeras contrarias a los homosexuales (Hungría y Polonia) y luego exigir la salida de quienes defienden lo mismo en España.

Tezanos abona el terreno desde una de sus revistas subvencionadas por Moncloa

ERC inicia un proceso buscado por la izquierda desde hace tiempo: la ilegalización de Vox por supuestos delitos de odio. El plan trata de condenar oficialmente políticas extranjeras que el Gobierno y sus socios consideran contrarias a los homosexuales, regular su rechazo. A continuación, exigir la misma condena en España. Los países a condenar son Hungría y Polonia, defendidas ya por Vox. Lo siguiente es pedir la expulsión política de quienes defienden lo mismo en España. Es decir, de Vox.

Propuesta de Rufián

El texto se ha enviado estas Navidades por ERC a la Mesa del Congreso. Complementa los pasos dados por el PSOE prohibiendo la crítica a las leyes LGTB. Pero va más allá y la enmienda número uno propone incluir en el texto socialista “un nuevo apartado en la Proposición No de Ley relativa a los discursos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI de Polonia y Hungría”.

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El párrafo que Rufián y Junqueras quieren añadir exige: “promover en el seno de la Unión Europea la irrenunciable defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI y “condenar los actos de intolerancia y odio llevados a cabo en países como Polonia y Hungría que no representan el espíritu de (…) pluralidad existentes en la Unión Europea”. Es decir, se busca que sea incompatible la defensa de los derechos de los homosexuales con las políticas de Polonia y Hungría. Exigiendo “acelerar la aprobación urgente de la ‘Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI’, a fin de frenar los crecientes discursos de odio, combatir el auge de delitos homofóbicos y blindar los derechos del colectivo LGTBI”. Dicho de otro modo: se busca convertir el discurso de la izquierda en el exigido oficialmente la defensa, anulando una postura crítica con esas normas.

En colaboración con Sánchez

Tanto Polonia, Hungría, como el propio Vox, no han aceptado la doctrina de izquierda en esta materia. De ese modo, el Gobierno y sus socios creer poder abrir una vía para, regulada legalmente la exigencia de la doctrina LGTB de la izquierda para países extranjeros, hacer lo mismo puertas adentro. Y si Vox no acata ese discurso, iniciar su ilegalización por delito de odio.

Se trata del primer paso dado oficialmente en la dirección de ilegalizar a Vox. Ya Pedro Sánchez ya quiso aplicar la «Ley de Partidos» a Vox por rechazar la ideología de género. La amenaza del socialista apareció ya recogida en el propio programa electoral del PSOE haciendo referencia a cuestionar la dignidad de las personas. Cuenta, como es lógico, con el respaldo de Podemos y, por supuesto, de los partidos separatistas. Vox no cuestiona esa dignidad, pero a ojos de los socialistas, sí, tachando a los de Santiago Abascal de comportamiento “homófobo, xenófobo y machista”.

El PSOE lo argumentó en su programa mencionando que “el auge, a nivel nacional e internacional, de organizaciones que difunden discursos de odio (…) requiere una respuesta firme del Estado de Derecho”. Y añadieron que su objetivo es garantizar “la convivencia de todas las personas que viven en España” y prevenir “la difusión de mensajes que cuestionen la igual dignidad de las personas”.

Apoyo desde «el chiringuito» de Tezanos

El propio socialista José Félix Tezanos (presidente del CSI), también abona el terreno para la ilegalización de Vox. Desde una de las revistas de su chiringuito editorial subvencionado por el propio Gobierno de Sánchez alude a la formación de Santiago Abascal pero sin citarla. Así, habla de «impunidad» sobre conductas que el argumentario socialista atribuye a Vox, alimentando el deseo de desactivar a Vox incluso a través de la ilegalización.

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