El PSOE pretende tapar la denuncia contra 3 altos cargos de Sánchez por malversar 310 millones covid

La Fiscalía califica de «meras conjeturas» la querella por la compra de mascarillas por más de 310 mill./€ y que no se han concretado las irregularidades

Recordáis la afirmación de Pedro Sánchez: “La Fiscalía ¿de quién depende?, ¿de quién depende?. Pues ya está”. Y efectivamente, la Fiscalía Provincial de Madrid está haciendo su trabajo. Ha pedido el archivo provisional de la querella contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la etapa más crítica de la pandemia. A diferencia de lo que ocurre en Madrid, con Ayuso, en esta ocasión, a juicio del Ministerio Público, que encabeza la ex diputada socialista Dolores Delgado, no se han concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación.

«Meras conjeturas»

La Fiscalía ha remitido su informe al Juzgado de Instrucción número 26, que se encarga de la presunta prevaricación, malversación y fraude por adjudicar 310 millones de euros en contratos covid. En él, afirma que la querella interpuesta por Vox y que dio origen a esta causa se sustenta en «meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis».

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Son tres altos cargos de Pedro Sánchez los que en mes de abril declaraban ante el juez en calidad de investigados por suscribir más de cincuenta contratos «sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo». En concreto se trata del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez; la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz.

Vox acusaba al Ejecutivo socialista llevar a cabo contratos «con empresas sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario. Denunciando que «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización», Y añade que se pagó un importe «muy elevado al de mercado».

Misma situación, diferentes partidos, distinto trato

No obstante, para la Fiscalía estos indicios se basan en «meras conjeturas» que no «concretan qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones». Recordemos, que hace tan solo unos meses La Fiscal General de Estado, Dolores Delgado ordenó a Anticorrupción que investigara al hermano de Díaz Ayuso y envío a la Fiscalía Europea que indagará en la posible malversación, fraude y cohecho en relación con los fondos europeos.

Ahora todo ha cambiado y argumentan que esa falta de concreción existente no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica». ¿Qué ha cambiado? Ah, claro, un caso afecta a la Comunidad de Madrid y el otro a su Presidente, y valedor, Pedro Sánchez.

Los responsables políticos

En su escrito, la Fiscalía da por buena la declaración en sede judicial del ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Admitió ser el responsable de los contratos celebrados, pero que todos fueron objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas y que «se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases».

No podemos olvidar que Alfonso Jiménez Palacios acumula enormes irregularidades por los contratos covid del Gobierno. Por ejemplo, avaló la compra en China de 3 millones de batas EPI con un sobrecoste de 47 millones de euros (más de 4.000 veces superior a las adquiridas en España). O suscribió la compra de 100 millones de pares de guantes pagando a una empresa asiática 8.711.554,44 euros cuando dentro de nuestras fronteras el mismo producto era un 177% más barato. 

En relación con Paloma Rosado, expone que asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días “sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa”. Sobre la última imputada la Fiscalía concluye que «nada se ha podido acreditar» y que ésta carecía de competencias para participar en el más de medio centenar de contratos denunciados por Vox ante la Justicia.

Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Madrid concluye que existe una «falta total» de acreditación de los hechos y, por lo tanto, aprecia «la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados».

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