El marido de la vicepresidenta Calviño cobra a las Pymes para acceder a los fondos europeos

Ignacio Manrique de Lara, cónyuge de Nadia Calviño encabeza la empresa Beedigital, encargada de  tramitar las subvenciones a pymes y autónomos ante el Ministerio de Economía.

Ignacio Manrique de Lara, es director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de fondos europeos que, curiosamente, reparte su esposa, la Ministra de Economía. La compañía, Beedigital, establece ocho tarifas “de digitalización” cuyos precios oscilan entre los 125 y 6.000 euros.

El planteamiento es muy sencillo: para optar a estas ayudas los empresarios necesitan contratar lo que Calviño denomina un “agente digitalizador”. O sea, una empresa autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos que reajuste tecnológicamente el negocio. Sin esta reconversión tecnológica no hay tramitación de la ayuda pública. Y ahí entra la empresa del marido de Calviño que cuenta con este estatus privilegiado de intermediario.

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La consultora tecnológica de Manrique de Lara ofrece ocho tarifas distintas, según la ayuda a la que el empresario vaya a acceder. Los precios oscilan entre los 125 y los 6.000 euros. Su eslogan es claro: “Olvídate del papeleo (…) Realizaremos en tu nombre toda la gestión administrativa para que puedas solicitar el bono digital”. Sólo les falta decir aquello de «contamos con la total confianza del Ministerio de Asuntos Económicos». Y sería verdad.

Parece obvio que Beedigital cuenta con un estatus privilegiado de intermediario. ¿Qué agente digitalizador contratamos? Pues a la del esposo de la vicepresidenta económica.

No es una cuestión sólo de ética o estética, sino de algo más. Si esto no es tráfico de influencias se le parece mucho. Tanto que en cualquier país serio del mundo sería corrupción. Sin matices. 

Empresa luxemburguesa opaca

Beedigital, la empresa en la que trabaja el marido de Calviño «tiene como dueño último una firma opaca luxemburguesa» según informaba Esdiario. Se trata de una sociedad comanditaria especial (SCSP) en la que, según la legislación luxemburguesa, no hay obligación de revelar la identidad de todos sus accionistas. Es decir, podría ocurrir que dinero público acabe en manos de unos accionistas ubicados en Luxemburgo (uno de los mayores paraísos fiscales europeos), de los cuales no se puede saber su identidad.

Esta práctica puede ser legal «si las deducciones respetan el criterio de Hacienda«, pero el Presidente Pedro Sánchez fue muy tajante y la rechazó en 2015.

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