El Estado intervendrá a los padres que no respeten “la expresión de género” de sus hijos

La Ley Trans de Irene Montero hará que el Estado pueda intervenir a los padres que no respeten la expresión de género de sus hijos

Este martes se ha aprobado en el Congreso de Ministros la nueva ley ideada por Irene Montero. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, conocida como Ley Trans recoge que la negativa a respetar la «expresión de género» de los hijos será considerada un «indicador de riesgo» para que la Administración pueda llegar a intervenir en el ámbito familiar y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como Ley Trans.

Además, que un padre no acepte la «expresión de género» -la forma en que éste se manifiesta mediante el comportamiento y la apariencia y que no necesariamente está vinculado al sexo biológico- es uno de los motivos para que pueda llegar a considerarse que, en el ámbito familiar, existe una «situación de riesgo» para los menores. En ese caso, el Estado activaría el protocolo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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La iniciativa promovida por Irene Montero incorpora así la «expresión de género» como otro de los criterios a valorar. Según la Ley Trans, «la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor» es «componente fundamental de su desarrollo personal».

Asimismo, se considera que existe una «situación de riesgo» cuando, «a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos». Esa situación no llega a tener la «entidad, intensidad o persistencia» para que se estime un «desamparo»,  que podría afectar a la tutela. Según la norma, en casos de riesgo se hace precisa «la intervención de la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación» que afectan al menor «y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar». En este caso, la Administración activará «un proyecto de intervención social y educativo familiar».

La Ley también contempla si se determina que «existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar» o cuando no se asegure que el menor dispone de «la necesaria asistencia moral o familiar» se podría llegar a declarar la «situación de desamparo».

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