Cárcel para el exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente Borbolla (PSOE) por apropiarse de ayudas por 8’4 millones

La Fiscalía pedía para Ángel Rodríguez de la Borbolla siete años de prisión, pero las dilaciones en el proceso judicial le rebajan a un año y medio

Las condenas de la macrocausa de corrupción de los ERE siguen lentas pero inexorables. En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a año y medio de prisión al empresario y ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, hermano del ex presidente del Gobierno andaluz. La causa, malversar 8,4 millones de euros concedidos como ayudas por la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE. Le condena también a devolver esa cantidad a la Junta de Andalucía. El tribunal acuerda también absolver a los otros cuatro acusados de delitos de prevaricación y malversación por no tener participación en los hechos.

El tribunal lo considera cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación de fondos públicos.

Anuncio

Según la sentencia, «por haber sido alcalde varios años de Cazalla de la Sierra y diputado provincial por el mismo partido político (PSOE) que gobernaba en la Junta conocía a muchos de sus cargos públicos». Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán sabía, según los jueces, que la Consejería de Empleo «venía otorgando o se proponía otorgar ayudas y subvenciones a fondo perdido a algunas empresas andaluzas». El condenado movió sus contactos con el consejero y el viceconsejero del ramo a fin de obtener tales ayudas con fondos públicos, relata la sentencia.

El exalcalde usó sus contactos en el PSOE

Dichos cargos, según la Audiencia, le indicaron la posibilidad de obtenerlas y le acabaron derivando al director general de Trabajo y Seguridad Social, «al que también conocía» el condenado «por ser oriundo de El Pedroso y alcalde de dicha localidad durante un tiempo», punto en el que afirma que el acusado «acabó obteniendo» de dicha Dirección General «las numerosas ayudas» que se describen en la sentencia «por elevados importes».

El tribunal considera «simplemente inaceptable» los argumentos exculpatorios utilizados por Ángel Rodríguez de la Borbolla. Siendo licenciado en Derecho, exalcalde y exdiputado provincial por Sevilla en «un partido político de gran implantación», los jueces no se creen que ignorara que para cualquier subvención debía presentar una solicitud. Justificar que por su condición política podía obtener ayudas de dinero público con una simple entrevista con un cargo público, sin aportar documentación real, ni definir un verdadero fin de interés público y social o que no hubiera de justificar el uso del dinero público, les parece «inaceptable».

Consciente de su delito

El tribunal no le cree. Al contrario, afirma que «desempeñó un papel harto relevante en relación con las ayudas o subvenciones, hasta el punto de que la comisión de los delitos hubiera sido imposible sin su concurso. Fue él quien «procuró el contacto con los responsables políticos con sus continuas demandas de dinero público propició y permitió que éste acabara en las cuentas de las sociedades que controlaba y dirigía, sólo él tenía capacidad para reclamar esas pretendidas ayudas y sólo él facilitó el nombre y datos bancarios de las empresas para su cobro».

El tribunal considera que el condenado era «consciente» de que dichas ayudas «no se habían anunciado ni publicitado en lugar alguno, lo que impedía a otras empresas concurrir, que se las otorgaban tras simples conversaciones y en cantidades a tanto alzado, sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas, sin aportar tampoco cuentas auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, certificación de deudas con Hacienda y Seguridad Social, el objeto o destino de las ayudas ni un auténtico proyecto que garantizara el adecuado uso de esos fondos para la supervivencia de las empresas y la salvaguarda de los puestos de trabajo».

Devolución de 8,4 millones de euros

El exalcalde socialista del municipio sevillano ha conseguido una rebaja de la pena porque el tribunal ha apreciado como atenuante las dilaciones indebidas de esta causa separada del caso ERE. Las investigaciones comienzan en 2009, pero no es hasta 2016 cuando se abre el procedimiento penal. La fase de instrucción se dilató durante casi tres años.

Por ello condena a Ángel Rodríguez de la Borbolla a una pena de un año seis meses y un día de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años y un día.

La sentencia también obliga al ex-regidor socialista a indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros con intereses, además de hacer frente a las costas.

Con el sistema irregular de ayudas, el grupo de empresas «controlado y dirigido» por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8.408.096,42 euros, siendo el acusado «conocedor» de que las mismas «se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando» a las empresas y sociedades «participadas y dirigidas» por él mismo. Las ayudas recalaron en cinco de sus empresas entre 2001 y 2007 con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado ‘fondo de reptiles’.

El tribunal de la Sección Cuarta declara responsables civiles subsidiarios a las sociedades que acapararon las ayuda.

Dilaciones en la investigación

Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción rebajó sus peticiones de cárcel, entre otras cuestiones por apreciar las dilaciones indebidas. Así, ahora, pidió cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación para Ángel Rodríguez de la Borbolla; y cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para el resto de acusados por un delito de prevaricación y otro de malversación.

A esta petición de prisión se adhirió el abogado Luis García Navarro, en representación de la acusación ejercida por el PP-A. En cambio, la abogada de la Junta de Andalucía confirmó sus calificaciones, en las que pedía cuatro años menos un día de cárcel para el exalcalde y empresario; tres años menos un día de prisión para el empresario portugués, el actual alcalde de Cazalla; y dos años de cárcel para el empleado de banca.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad