Anticorrupción tras los padres de Sánchez y el marido de Calviño

Abrirá una investigación por 12 contratos que el Gobierno adjudicó a empresas relacionadas con el PSOE, con el entorno familiar de Pedro Sánchez, de Salvador Illa y de Nadia Calviño.

La Fiscalía Anticorrupción investigará los doce contratos de emergencia que el Gobierno adjudicó. En concreto a siete empresas próximas al PSOE, al entorno familiar de Pedro Sánchez, del ex ministro  Salvador Illa y de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Y es que el ataque hacia Isabel Díaz Ayuso, se ha vuelto contra ellos. Fue el Gobierno de Madrid quien denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, prepara el decreto de incoación de diligencias que se presentará después de Semana Santa.

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Díaz Ayuso denunció la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Se trata de «contratos que superaron los 326 millones de euros al erario, se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500 % por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones». La denuncia va contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos irregulares».

Después de que Podemos, Más Madrid y PSOE denunciaran el contrato de mascarillas vinculado con el hermano de la presidenta, Ayuso a dado un paso adelante. «¿Quieren saber la verdad?, pues vamos a investigar a todos», anunció la presidenta.

Analicemos los contratos denunciados tras detectar irregularidades en las adjudicaciones:

Los padres de Pedro Sánchez

Entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 la empresa Industrias Plásticas Playbol SL recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros por parte del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos. Ayudas que se adjudicaron para: “Paliar los efectos del COVID-19”.

Según el Registro Mercantil, los padres del presidente fundaron en 1977 esta empresa de envases y embalajes de plástico en Algete. En la actualidad, el padre de Sánchez sigue siendo el administrador único de la compañía (renovado el 13 de septiembre de 2019), y su madre es apoderada desde 2010.

El marido de Calviño

La denuncia cuestiona el contrato a Beedigital, cuyo director de marketing es el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara. Esta empresa recibió un total de 532.400 euros como gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social.

La adjudicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracionesse concedió a pesar de que entonces tenía una deuda de 852.000 euros con la Administración Pública. «Es conveniente recordar que el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes», indicó la denuncia.

Además “la empresa Beedigital ha sido reconocida como agente digitalizador adherido del Programa Kit Digital, que supone la condición de mediador para la captación del fondo Kit Digital de la Unión Europea, y que gestiona precisamente la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño”, señaló la presidenta regional.

El ex ministro Illa

TFCS Select Products SL recibió por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros. El objetivo era suministrar mascarillas quirúrgicas o de protección. Esta sociedad «ofrece servicios (…) de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato», se indicó en la denuncia.

La administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada. Así se hizo constar en la denuncia. «Tales precedentes son relevantes ya que (…) podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia».

A pesar de ello, ha resultado adjudicataria de 4 contratos por un valor superior a los 260 millones de euros. Vinculados a «la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa».

Otros contratos

Ayuso, también detalló otros contratos de emergencia en los que se observaban irregularidades. Entre ellos:

  • La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL recibió tres contratos de emergencia más de 40 millones del erario público por el suministro de material sanitario. Dos para el Ministerio de Transportes y otro para Interior por recomendación del equipo del ex ministro José Luis Ábalos. Esta compañía, sin embargo, «ofrece servicios de energía, agua e infraestructuras agrícolas y opera en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez». «No parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato». Sorprende que el importe fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones en 2020 gracias a «las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19».
  • Anticorrupción investigará a Weihai Textile Group por un contrato de 10.192.606 euros por el suministro de 500.000 batas desechables. «El precio de las batas ofrecido por la empresa fue de 16,7 euros, un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores». En concreto, el precio por cada unidad suponía entre 52 y 60 veces superior a los pagados por la propia entidad contratante con otros proveedores.
  • La empresa Hyperin Grupo Empresarial recibió un contrato de 3.310.000 euros para la adquisición de 144 Dispositivos de Ventilación Mecánica Invasiva. No obstante, el objeto social de esta compañía es «la fabricación de yesos para la construcción». Por ello, la compañía comunicó unos días después de recibir el importe «que no le era posible el suministro de los dispositivos lo que provocó que el contrato se diera por extinguido». Pese a ello, la administración no ha recuperado, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe total del dinero adelantado.
  • La empresa Members of the Tribe SLU, que recibió dos contratos por importe de 9.444.000 euros, ambos por el suministro de guantes de nitrilo. Esta compañía, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, recibió 0,10 euros por cada unidad de guantes, con «un sobrecoste de entre el 25% y el 500%» en comparación con lo que ofrecieron otros proveedores. Además, Sanidad adelantó 1.669.200 euros el 30% del primer contrato. Sin embargo, «la compañía incumplió el plazo» del primero de los contratos, por lo que éste se resolvió y se suspendió el segundo. Sin embargo, «la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración».

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